miércoles, 22 de febrero de 2017

¿Y tú de quién eres?


Cuando has pasado varios años trabajando en las entrañas de un museo, entre las piezas y su documentación o sumergido en los recuerdos que trabajadores y visitantes tienen sobre el centro, hay una cosa que te acaba quedando muy evidente: la institución museo permanece en el tiempo, con modificaciones de dispar calado pero con una integridad transcendente. Contemplar, cien años más tarde, las fichas de catalogación que un antiguo conservador redactó para el mismo objeto que tienes delante, te hace comprender que el museo está por encima de uno mismo y por encima del resto de personas que envuelven su entorno temporal inmediato. Esta percepción es fundamental para entender la labor que tiene el museo como custodio del patrimonio cultural y responsable de su transmisión, sobre todo si el museo es público.

La colectividad ha facilitado la existencia en estos últimos de trabajadores que conjugan su capacitación técnica con un compromiso específico, inherente al puesto, y que está destinado a salvaguardar el interés común a partir de un sistema de garantías. Estos empleados públicos reúnen su formación específica, sobre la que han desarrollado un depurado criterio profesional, con una larga experiencia asentada en la práctica, en la información proporcionada por empleados precedentes, en el contacto con múltiples y variadas escenarios profesionales y en el acceso a recursos solamente disponibles en instituciones de entidad suficiente. Exactamente lo mismo que un médico, un profesor, un abogado o un ingeniero adscrito al servicio público. Ténganlo en cuenta mientras leen el resto de esta entrada.

Estos primeros párrafos, cargados de conceptos incontrovertibles, son solamente el antecedente de la cuestión sobre la que hoy reflexiono. Me propongo lanzar el debate sobre las reclamaciones patrimoniales, sobre lo que muchas veces se llaman restituciones o devoluciones pero que en el fondo parecen tentativas de incautación al amparo de argumentos de ventaja política, con reivindicaciones populistas y grandes dosis de oportunismo. Estas demandas suelen estar manejadas por políticos mediocres y, por lo general, sumamente irresponsables.

Una precisión. No se trata de ponerse a favor de unos casos u otros, ni de defender posturas de parte, ni siquiera de hacer referencia a casos concretos por todos conocidos. Tampoco entra a valorar si los bienes han sido robados, incautados, comprados mediante engaños, vendidos (i)legalmente, regalados, entregados como hallazgo arqueológico o adquiridos en subasta. Es decir, esto no va de los documentos del Archivo de Salamanca, ni de los frescos de Sijena, ni de la Dama de Elche, ni de la Cruz de Peñalba, ni de los mármoles del Partenón, … O sí, a lo mejor sí va de eso.

Con recurrente frecuencia se genera debate sobre aquellos objetos pertenecientes al patrimonio cultural que se hallan fuera de su entorno original. Más allá de las dificultades que muchas veces existen para determinar con claridad cuál es éste (se manejan razonamientos como la geografía, el concepto, la propiedad, la trayectoria histórica, los derechos sobrevenidos, la herencia), solemos encontrar argumentos identitarios para justificar demandas de retorno y ni siquiera en este punto podemos aportar un término claro para designar a la solicitud (¿restitución, devolución, reposición, restauración…?). Lo que sí parece ser paradigma es que tras la mayoría de estas demandas se encuentra un componente aglutinador, teñido de identidad cultural pero que en realidad se acerca más al nacionalismo. La diferencia en este caso está, a mi juicio, en que el nacionalismo necesita fetiches para apuntalar su doctrina política, manteniendo una actitud profundamente exclusivista, mientras que la identidad cultural es un conjunto de percepciones individuales que puede utilizar símbolos para consolidar el sentimiento de pertenencia, pero utilizándolos como elemento integrador y sin necesidad de generar un culto al objeto.

La civilización vence a la barbarie (casi siempre)
Me gusta pensar que el museo se construye gracias al esfuerzo comunitario en las sociedades en las que se encuentran. El museo crece y evoluciona gracias a las aportaciones de sus visitantes, el empeño de sus trabajadores, la contribución de donantes y depositarios, el trabajo de los investigadores y, como no, el impulso político de personas a las que concedemos atribuciones para que gestionen y defiendan nuestros activos. Lamentablemente cometemos muchas veces el error de dar esos poderes a quienes no son capaces de administrarlos en beneficio del interés general; peor aún, somos capaces de tener la suficiente desidia como para permitir que algunos políticos confundan la defensa de nuestros intereses con la de los propios, ya sean individuales o grupales. De ahí que muchas veces por mediocridad, ignorancia o simple pereza, se acabe recurriendo a fáciles postulados reduccionistas que buscan rentas inmediatas y por tanto huecas.

Y esto nos lleva de vuelta a los empleados públicos. Ya les dije que los tuvieran en cuenta. El respaldo ciudadano a un político no puede ser aval, y menos argumento, para justificar acciones a las que les falta reflexión, del mismo modo que no puede servir para purgarlas en caso de que se violenten consideraciones técnicas para disimular carencias políticas. En concreto, en los casos de reclamaciones de objetos patrimoniales convendría atender con mayor respeto los criterios técnicos, que están amparados siempre por el rigor de un marco legal y muchas veces por la plasticidad del sentido común.

Naturalmente los criterios técnicos no son absolutos y la mayor o menor incidencia sobre un determinado factor puede decantar una decisión en uno u otro sentido. Sin embargo, debemos darnos cuenta de que esos objetos en discordia tienen su propia historia y en ella se encuentra gran parte de su significado. Arrancarlos del museo en que se encuentran, y enviarlos a un nuevo destino poco meditado y oportunista, podría ser un grave error pues su comprensión actual depende, en gran medida de la manera en que se presentan en el museo, del mismo modo que otros objetos se explican gracias a los vínculos interpretativos que un discurso museológico ha facilitado entre ellos. No pueden quedar al margen otros factores de gran importancia, como la existencia de un acceso más amplio a la investigación o al disfrute sensorial del objeto, ni tampoco de la capacidad de custodia, en ocasiones discutible en los nuevos destinos propuestos.

En conclusión, me gustaría evidenciar la frecuente falta de reflexión en la toma de decisiones políticas sobre esta cuestión y en cómo la obcecación partidista se encuentra tras muchas de las demandas de retorno. Y recordar al respecto que habrá que tener cautela, pues no debemos olvidar que la aceptación de ciertas demandas puede ser tomada como una invitación para elevar nuevas reivindicaciones. En caso de duda, la mejor decisión se basará siempre en la comunicación fluida dentro de los órganos de decisión, en una información transparente y en la búsqueda del consenso. Y deberá ser técnica.

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